A LA OPINIÓN PÚBLICA “Democracia no es contar gente, es cuando la gente cuenta” Federico Mayor Zaragoza Atendiendo al hecho de que la mayoría manifiesta hoy el deseo de votar en la elección presidencial del 28 de julio de 2024, a pesar de las dificultades presentes, como vía para la transformación del conflicto y superación de la crisis, que mantiene a la mayoría de nuestra población en condiciones de vida inaceptables, diversos ciudadanos, ciudadanas y sectores de la sociedad civil, de sectores empresariales, la academia y universidades, las iglesias y comunidades de fé y de organizaciones sociales, comprometidos con la libertad, la democracia y la necesidad de independencia e integridad de las instituciones del Estado valoramos como indispensable, tras un proceso de consultas y diálogo social, hacer públicas las siguientes consideraciones:
1) Las ciudadanas y ciudadanos venezolanos estamos llamados a defender el derecho constitucional a establecer libremente nuestra voluntad política y procurarnos el desarrollo económico, social y cultural, como condición esencial para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, su promoción y fortalecimiento. La garantía de estos derechos depende en esencia de la lucha cívica por el respeto y ejecución de procesos constitucionales y políticos que los hagan vigentes en la práctica.
2) El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como parte en el proceso de negociación México-Barbados, tiene la obligación de cumplir con lo acordado en materia de derechos políticos y garantías electorales con relación a la elección presidencial. En especial, debe garantizar a los venezolanos y venezolanas que se encuentren en el país o en el exterior que puedan ejercer su derecho a elegir, para lo cual es necesario, entre otras acciones, ampliar el lapso y las capacidades para el registro o actualización de datos de los electores; que los candidatos, candidatas y partidos puedan concluir el proceso de postulaciones a la elección sin más restricciones que las que establece la Constitución y las leyes; que se desplieguen las misiones calificadas de observación electoral, nacionales e internacionales; que el sistema electoral sea debida y oportunamente auditado, con la participación de todos los actores y en compañía de la observación electoral calificada; que los candidatos inscritos y la diversidad de actores políticos y sociales puedan llevar adelante, en seguridad, la campaña electoral; que desde el Estado se respete la normativa electoral.
3) La Plataforma Unitaria de Venezuela, también como parte en el proceso de negociación México-Barbados, junto a los demás factores democráticos que participaron en la primaria, tiene igualmente la obligación de honrar lo acordado en Barbados, a pesar del incumplimiento reiterado de la contraparte; el legítimo derecho a exigir la plena garantía de los derechos civiles y políticos de todos, incluyendo el respeto al mandato del proceso primario del 22 de octubre de 2023; y asimismo la responsabilidad de conciliar, de manera urgente, un candidato o candidata presidencial que pueda efectivamente participar en la elección planteada y movilizar a su electorado. 4) El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Plataforma Unitaria de Venezuela, la diversidad de actores políticos y sociales, así como todos los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país.
5) La comunidad internacional debe mantener su compromiso de coadyuvar a abrir oportunidades para la transformación del conflicto político, a través de la vía electoral y el diálogo, contribuyendo a construir incentivos para avanzar hacia una negociación integral y estructural que ofrezca garantías a todas las partes, para que el conflicto se administre en el marco del Estado de Derecho y, sobre todo, considerando a quienes más han sufrido por la prolongación del conflicto y sus consecuencias sociales y económicas.
Las señales que debe enviar la comunidad internacional deben ir en la dirección de apoyar a Venezuela a reintegrarse a sus circuitos económicos y geográficos naturales, reinstitucionalizar las relaciones diplomáticas y destrabar el diálogo político y social con todos los sectores del país.
6) En ese sentido, es necesario que se preserve la ruta de flexibilización de participación de Venezuela en el mercado energético internacional y se evite que su reversión, en medio de la campaña presidencial, no sólo tenga impactos negativos en la calidad de vida de la población, sino que complique aún más las posibilidades de continuar las negociaciones que nos permitan las mejores condiciones competitivas para el próximo proceso electoral y el tránsito de más largo plazo hacia la reinstitucionalización y el reencuentro nacional con la edificación de un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social. Los venezolanos y venezolanas tenemos derecho a la libre determinación, a transitar la ruta electoral, entendiendo que el voto es hoy la principal herramienta, pacífica y democrática, para expresar los deseos de transformación política, social y económica de las grandes mayorías y representa la oportunidad de mediar en la construcción de los mecanismos de resolución de la crisis. Esto requiere un compromiso de todos con progresos sólidos, sustanciales e irreversibles que prioricen el respeto y la garantía de los derechos de todos, pues “no se trata solo de elegir gobernantes sino de democratizar la sociedad y de incorporar a todos los sectores de la población al progreso social”. Caracas, 12 de abril de 2024 Alberto Barrera Tyszka Alfredo Infante S.J.
Alfredo Padilla Arturo Peraza S.J.
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