LADRONES DE PASAPORTES Omar Estacio Z.
Apartir del próximo mes de julio, se celebrarán las sesiones del Comité Ejecutivo de Interpol, para elegir al secreta- rio general del orga- nismo. Hasta ahora los dos aspirantes con mayores posibilidades de reemplazar al actual titular, son el británico Ste- phen Kavanagh y el brasileño Valdecy Urquiza.
Uno de los retos más complejos que deberá enfrentar el recién electo fun- cionario, será difundir las solicitudes de capturas de los criminales más bus- cados del Mundo, sin permitir que los gobernantes gamberros -que los hay y se reproducen como la mala hierba- lo aprovechen, para perseguir a adversa- rios políticos doquiera se encuentren. Para muestras, no uno sino tres boto- nes muy oprobiosos.
En 2021, Turquía criticó ferozmente a Interpol por negarse a tramitar 773 notificaciones rojas contra exiliados en el extranjero, seguidores de Fethullah Gulen, un opositor y líder religioso tam- bién exiliado, cuyo movimiento ha sido acusado por el tirano de ese país, Recep Tayyip Erdogan, de planear en 2016 un intento de golpe en su contra.
En noviembre de 2018 cuando el fut- bolista profesional, Hakeem al-Araibi pensó que pasaría una romántica luna de miel en Tailandia, fue arrestado por las autoridades locales a requerimien- to de la monarquía imperante en su natal Bahrein la cual había activado una “Alerta Roja” para capturarlo. Al- Araibi, además de exitoso atleta, era un perseguido político en su piaís, por el solo hecho de haber denunciado la represión y torturas de la monarquía. El fiscal general de Tailandia, pidió su excarcelación, pero cinco meses des- pués gracias a una vigorosa campaña de protesta.
Para no remontarnos demasiado, ni en el espacio ni en el tiempo: En diciem- bre de 2023 y enero de 2024, el desgo- bierno usurpador de Venezuela emitió decenas de solicitudes de avisos rojos a Interpol, contra sindicalistas, estudian- tes, periodistas, defensores de derechos humanos, contra disidentes, en general. Queda ratificado, si es que ello hacía falta, cómo las tiranías aprenden unas de otras, se intercambian métodos re- presivos, operan en orden y concierto, para socavar, para envilecer no solo las instituciones nacionales, sino las inter- nacionales, en desmedro de los derechos fundamentales.
Otra de las prácticas más bochor- nosas de los gobiernos felones es con- taminar la base de datos de Interpol sobre pasaportes. El gobierno agresor, en semejante escenario, denuncia ante el referido cuerpo policial internacio- nal la pérdida o robo, de los documen- tos de identidad de sus adversarios re- sidenciados en el extranjero. Producto de tal maniobra se anulan tales pasa- portes y con ello los afectados quedan varados, sin poder salir de donde se encuentren y, por supuesto, con nin- guna posibilidad de obtener de la re- presentación consular del país agresor la expedición de un nuevo documento de identidad.
Para ponerle coto a tales conductas a todas luces criminosas, Interpol se ha visto precisada a crear un comité ad-hoc, que antes de la difusión de las “Alertas Rojas” a los más de 190 países miem- bros, las somete, una a una, a revisiones exhaustivas. Además, ha establecido un protocolo restrictivo, especialísimo, para considerar las solicitudes de cap- tura emanadas de los gobiernos más contumaces en esas tretas. A saber y en estricto orden: Venezuela, Rusia, Bielo- rrusia, Cuba, China y Turquía.
Esas precauciones no bastan. Es ne- cesario extenderlas a las denominadas “Alertas Azules”. Como estas últimas las difunden, directamente, los Esta- dos miembros sin pasar por el cedazo de los citados comités especiales, los gobiernos forajidos siguen haciendo de las suyas.
Interpol ha establecido un protocolo restrictivo de las solicitudes de captura emanadas por Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Cuba, China y Turquía Semejantes fraudes procesales constituyen, a su vez, delitos sistemá- ticos, perpetrados como política de Estado. Son crímenes urdidos por las autoridades nacionales en sus territo- rios, pero consumatum est, en la pro- pia sede de Interpol, situada en Lyon, Francia.
Interpol, no solo está obligada, ju- rídica y moralmente a impedir tales crímenes, cometidos en su propia cara sino, además, a denunciarlos pe- nalmente. Incluida toda la cadena de mando. Desde el más modesto fiscal del ministerio público que suscriba las fraudulentas peticiones de alerta internacional, pasando por sus supe- riores hasta llegar al respectivo Jefe de Estado que las propicie.
A pesar, del letargo en que esté su- mida la Corte Penal Internacional, no- sotros nos daríamos por bien servidos, si al menos manda a la cárcel a cierto cleptómano, ladrón de pasaportes, además. @om