Propietarios de laboratorio cargados en $36M COVID-19 Testing Fraud Scheme Miércoles, 24 de abril, 2024 Shareright caret For immediately Release Office of Public Affairs Una acusación no fue sellada hoy en el Distrito Sur de Florida acusando a tres hombres por sus supuestas funciones en un fraude de atención médica de aproximadamente $36 millones, fraude de alambre y esquema de lavado de dinero que implicaba la presentación de reclamaciones falsas y fraudulentas para pruebas de COVID-19 a programas de beneficios para la salud, incluyendo Medicare y la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) COVID-19 Programa sin seguro.
Enrique Pérez-París, 47, de Aventura, Florida, y Diego Sanudo Sánchez Chocron, 47, de Venecia, California, hicieron sus comparecencias iniciales hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Gregory Charles “Milo” Caskey, 57, de San Antonio, Texas, hizo su aparición inicial hoy en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Texas.
Según los documentos de la corte, Perez-Paris, Sánchez y Caskey eran propietarios de Innovative Genomics, un laboratorio independiente.
Entre noviembre de 2019 y junio de 2023, los acusados y otros supuestamente conspiraron para presentar reclamaciones por pruebas médicamente innecesarias y no reembolsables de COVID-19.
The defendants also allegedly paid illegal kickbacks and bribes to patient recruiters who arranged for health care providers to refer the tests to Innovative Genomics.
At times, the defendants allegedly caused the HRSA COVID-19 Uninsured Program to be improperly billed for tests for Medicare beneficiaries.
The defendants allegedly further billed for tests that the Food and Drug Administration had not approved for emergency-use authorization.
Los acusados están acusados de conspiración para cometer fraude en la atención de la salud y fraude por cable, tres cargos de fraude en la atención de la salud y conspiración para cometer blanqueo de dinero.
Si son condenados, cada uno se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión en cada uno de los cargos de conspiración y una pena máxima de 10 años en cada cargo de fraude de atención médica.
Fiscal General Adjunto Principal Nicole M. Argentieri, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia; Fiscal estadounidense Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; Agente Especial en Carga Jeffrey B. Veltri de la Oficina de Campo de Miami del FBI; y Agente Especial en Carga Stephen Mahmood de la Oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Inspector General (HHS-OIG) Miami La oficina hizo el anuncio.
El FBI y el HHS-OIG investigaron el caso.
El fiscal Reginald Cuyler Jr. de la Sección de Fraude de la División Criminal está enjuiciando el caso.
El asistente del fiscal estadounidense Marx Calderón para el Distrito Sur de Florida está manejando la confiscación de activos.
La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Penal para combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerza de Lucha contra el Fraude de Salud.
Desde marzo de 2007, este programa, compuesto actualmente por nueve fuerzas de huelga que operan en 27 distritos federales, ha acusado a más de 5.400 acusados que colectivamente han facturado programas federales de atención de la salud y aseguradores privados más de $27 mil millones.
Además, los Centros de Servicios Medicaid de Medicare, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están adoptando medidas para exigir responsabilidades a los proveedores por su participación en planes de fraude de atención médica.
Se puede encontrar más información en www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit.